¡Diputada, retire eso!
Opinión: Ronny Heredia.
La productiva e inteligente diputada Carmen Ligia Barceló, del Partido Revolucionario Moderno, comete un error al insistir en mantener su proyecto de reforma laboral que propone un tope de seis meses a la cesantía, lo que atenta contra una conquista histórica de los trabajadores dominicanos.
El desacierto radica en contradecir la posición oficial de su Gobierno, expresada por el presidente Luis Abinader, quien ha reiterado que este derecho adquirido se mantendrá sin modificación alguna.
El mandatario fundamenta su decisión en que la cesantía no fue consensuada en la mesa tripartita (trabajadores, empresarios y Gobierno). Súmese a lo anterior el riesgo de que este tema genere una amplia movilización sindical, capaz de poner en jaque la paz social y laboral que el país disfruta desde hace más de tres décadas bajo la Ley 16-92, que crea el Código de Trabajo.
El principal argumento de la honorable y aplicada legisladora por Hato Mayor es que la cesantía, en su forma actual, provoca la descapitalización de muchas empresas, especialmente las de menor tamaño.
Sin embargo, la distinguida congresista pasa por alto que el actual Código contempla la figura del despido justificado (art. 88), la cual otorga protección al empleador mediante 19 causales legales que le permiten terminar el contrato sin pagar cesantía, por razones como ineptitud, ausencias reiteradas, violencia, injurias o daños a los bienes de la empresa, entre otros motivos. En otras palabras, cuando el empresario paga esa indemnización es porque decidió prescindir del trabajador sin causa legal, lo que la ley denomina desahucio.
Si una micro o pequeña empresa se descapitaliza por desahuciar a uno o varios empleados, ello obedece más bien a una falta de planificación presupuestaria, ya que se trata de una decisión voluntaria.
En ese sentido, considero que los autores del presente Código (entre ellos don Milton Ray Guevara y el exvicepresidente Rafael Alburquerque) fueron bastante sabios al proteger a quienes generan empleo, sin desamparar al trabajador.
Es oportuno aclarar que considero válida la preocupación de la diputada Barceló, pues ciertamente se deben crear condiciones que permitan la supervivencia de las micro y pequeñas empresas. No obstante, la solución no puede ser a costa de los derechos laborales, sobre todo cuando existen otras alternativas viables, como solicitar al Gobierno la eliminación del anticipo fiscal.
En 2024, el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, sometió un proyecto de ley para eliminar el pago del anticipo a las microempresas y establecer un nuevo método de cálculo para las pequeñas y medianas. Según explicó el talentoso legislador, estudios demuestran que este sector apenas representa el 10% de lo recaudado por el Gobierno por concepto de anticipo, mientras que el 90% proviene de grandes empresas, que conforman solo un 5% del empresariado nacional frente al 85% de las Mipymes.
El anticipo, como su nombre indica, es un impuesto adelantado que los micro y pequeños empresarios deben pagar con base en los ingresos del año anterior, sin certeza de repetir esos resultados.
Esto sí representa una verdadera descapitalización y amenaza la sostenibilidad de esos negocios, a diferencia de la cesantía, que solo se paga cuando el empleador decide desahuciar. Con el anticipo no hay margen de decisión: hay que pagarlo incluso antes de cobrar las facturas emitidas.
¡Diputada Barceló, abogue por esa causa y cásese con la gloria!
Ahí encontrará el respaldo de sus propios compañeros de partido, que hoy le contradicen, y del propio Poder Ejecutivo, que hoy defiende la permanencia de la cesantía.
Además, conviene recordar que usted mantiene un vínculo directo con el Gobierno central, más que cualquier otro legislador, lo que podría dar pie a interpretaciones políticas adversas, como la insinuación de que su iniciativa busca enviar un mensaje contradictorio: que mientras el Gobierno afirma una cosa en público, promueve otra en silencio. Cosa que no es así, me consta.
Por eso considero que es un error mantener este proyecto de ley, el único de los cuatro en discusión en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados que aún plantea modificaciones a la cesantía. Usted misma ha reconocido estar consciente de que el mismo no prosperará.
Entonces me surge la pregunta:
¿Vale la pena enfrentarse a la clase trabajadora? Pienso que no. Más aún tratándose de usted, una diputada distinguida, aplicada y productiva en el Congreso Nacional.
