El gobierno dominicano luce acorralado por tantos escándalos
Por la Redacción.- Carlos A Waitt
El gobierno dominicano, en este preciso momento, parece navegado en aguas turbulentas, un verdadero pantano de escándalos que han convertido la corrupción en el pan de cada día. Para una parte considerable de la población, las medidas, ejecuciones y programas gubernamentales a menudo dan la impresión de ser improvisados, carentes de una planificación sólida y transparente, lo que genera una creciente desconfianza.
Este panorama ya de por sí complicado se agrava con casos recientes que colocan al Poder Ejecutivo en una situación particularmente incómoda y cuestionable.
El anuncio de la cesión de aproximadamente 11,000 metros cuadrados del Pulmón Verde del Jardín Botánico para la ampliación de la Avenida Colombia, no ha sido recibido con agrado por la opinión pública nacional.
La idea de sacrificar uno de los pocos espacios verdes emblemáticos de la ciudad, un verdadero respiro para los habitantes urbanos, para dar paso a una obra vial, genera un debate profundo sobre las prioridades del gobierno y la protección del medio ambiente y el patrimonio natural.
La percepción pública es que cada día 'se le caen los palitos' al gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM). Esta expresión popular encapsula la idea de que la estructura gubernamental y su accionar presentan grietas y fallos constantes, sin que haya una defensa sólida y veraz de sus acciones.
La crítica se intensifica cuando se observa la falta de una respuesta contundente o de una narrativa convincente que aclare estas situaciones.
La oposición política, como era de esperar, ha encontrado un terreno fértil y numerosos puntos débiles a su favor para capitalizar el descontento general. Los escándalos de corrupción inundan las redes sociales y los medios de comunicación, convirtiéndose en el principal tema de conversación y preocupación ciudadana.
Lo más llamativo y, quizás, lo más preocupante para la institucionalidad es la ausencia de una voz clara por parte del órgano encargado de la ética dentro del gobierno. La oficina que dirige la exvicepresidenta Milagros Ortiz Bosch, supuestamente garante de la integridad y la conducta moral en la administración pública, ha mantenido un silencio notable ante estos hechos, lo que alimenta aún más las sospechas y la percepción de impunidad o, al menos, de inacción.
