El rechazo a las exoneraciones de vehículos para legisladores no ha impedido ese privilegio
La reprobación casi general a las exoneraciones de impuestos a dos vehículos cada cuatro años que poseen los legisladores, ha llevado a que se inicien, sin éxito, múltiples intentos de limitar o eliminar ese privilegio.
Por la presión que surge cada cierto tiempo, en ambas cámaras se han sometido proyectos de leyes para poner tope o desaparecer esa facultad creada por ley y para beneficios propios por parte de los congresistas, piezas que solo se quedan en la intención de los muy pocos senadores y diputados que la proponen.
En los años 2011 y 2012 se sometieron dos proyectos de ley por los senadores de ese entonces Tommy Galán y Félix Nova, los cuales se volvieron a discutir cuatro años después. Las propuestas, una buscaba poner un límite de 90 mil dólares al costo del vehículo de motor importado, la otra proponía la eliminación total del beneficio a los congresistas.
En el 2010, la organización apartidista Participación Ciudadana sometió un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, debido a que todavía no existía el Tribunal Constitucional, y ya creada esta alta corte también la Fundación Transparencia Total por la Democracia igualmente se animó a elevar una acción en contra de la cuestionada Ley 57-96.
La fundación alegaba que la Ley 57-96 para que los diputados y senadores importaran vehículos de motor sin pagar al fisco es un privilegio que viola el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 39 de la Constitución de la República.
