Finjus y Colegio de Abogados plantean cómo acelerar procesos judiciales
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) han expresado su inquietud ante el creciente número de casos en los que la acción penal ha prescrito en los tribunales en los últimos cinco años.
Servio Tulio Castaños Guzmán y Trajano Vidal Potentini, líderes de ambas instituciones, coinciden en que esta situación refleja no solo fallas en la resolución de los procesos judiciales, sino también la incapacidad del sistema para cumplir con los plazos establecidos, afectando tanto a víctimas como a imputados.
Castaños Guzmán señala que la prescripción de la acción penal suele derivarse de la inacción del sistema judicial, lo que pone en duda la eficacia de las medidas procesales y coercitivas aplicadas en el país. Destaca que el Código Procesal Penal establece distintas formas de garantizar la comparecencia de los imputados, siendo la prisión preventiva la más severa. No obstante, considera que la falta de resolución oportuna de los casos vulnera principios fundamentales de justicia.
Subraya que la prisión preventiva debería ser una medida excepcional para evitar fugas, pero el frecuente vencimiento de los plazos procesales demuestra que el sistema no opera con la eficiencia requerida, lo que desvirtúa la administración de justicia y afecta el Estado de Derecho. Además, advierte que esta deficiencia contribuye a la sobrepoblación carcelaria y al deterioro de las condiciones de vida de los privados de libertad, afectando su dignidad, que debe ser protegida por el Estado.
Ante este panorama, Castaños Guzmán insta a una intervención urgente para agilizar los procesos judiciales y reducir la prescripción de casos. Propone una revisión integral del sistema de justicia para garantizar el respeto a los derechos de todas las partes y la celeridad en la resolución de los casos. Finjus enfatiza la necesidad de fortalecer el sistema judicial y penitenciario dentro del marco legal vigente.
Por su parte, Vidal Potentini, presidente del CARD, advierte que la duración máxima de los procesos penales, establecida en cuatro años, se ha convertido en un factor que favorece la impunidad. Critica el tecnicismo, la mora judicial, la falta de tribunales, jueces y presupuesto, que dificultan que los casos sean resueltos en el tiempo estipulado por el Código Procesal Penal.
Ante estas fallas, propone la creación de un manual con reglas de evidencia que unifiquen el accionar de los jueces y agilicen los procesos, evitando interpretaciones divergentes. Sugiere también que algunas decisiones del Tribunal Constitucional podrían servir de referencia para esta regulación.
Finalmente, el CARD plantea la necesidad de establecer normativas que permitan una administración de justicia más eficiente, asegurando que los jueces cuenten con criterios claros para tomar decisiones y evitar demoras innecesarias en los procesos judiciales.
