Funcionarios se alinean para presionar al Congreso por una reforma al Código Penal
Desde distintas posiciones del Estado se reiteró este lunes el llamado a que el Congreso Nacional apruebe finalmente un nuevo Código Penal que sustituya el actual, redactado en el siglo XIX y vigente desde hace 141 años.
El reclamo, aunque no es nuevo, cobró una atención más contundente ante la tragedia del Jet Set, por la que se acusa a su propietario Antonio Espaillat de homicidio involuntario.
El defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, fue uno de los primeros en sumarse al clamor, afirmando que el país atraviesa una etapa donde las penas previstas en el Código Penal vigente son muy inferiores de lo que requeriría una sociedad contemporánea.
Durante su rendición de cuentas en el Senado, Ulloa explicó que los delitos actuales "son cada vez más complejos y violentos" y no encuentran una sanción adecuada en la norma existente, "lo que genera una brecha entre justicia y realidad".
Uno de los puntos que resaltó el Defensor fue la necesidad de introducir el cúmulo de penas en el Código Penal, como forma de evitar que personas que cometen múltiples delitos en un mismo hecho reciban sanciones mínimas que no reflejan la gravedad de sus acciones.
El Senado agilizará la pieza
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, también manifestó que existe un compromiso firme de los legisladores, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara de Diputados, para aprobar el nuevo Código Penal en esta legislatura, que está prevista para concluir el 26 de julio.
De los Santos aseguró que hay voluntad política real entre los distintos partidos representados en el Congreso, y reiteró que la responsabilidad de estudiar, debatir y aprobar la ley recae únicamente en el Poder Legislativo.
En ese orden, agregó que, una vez aprobado, será decisión del Poder Ejecutivo promulgarlo u observarlo, como establece la Constitución.
En cuanto a los aspectos técnicos del nuevo Código, De los Santos recordó que el cúmulo de penas ya está contemplado en el proyecto, con una acumulación máxima de hasta 60 años de prisión, lo cual, a su juicio, representa un avance en la capacidad del sistema judicial para sancionar los delitos con más rigurosidad.
