Kelvin Cruz hace licitación por casi 900 Millones de Pesos para construir Arena de la Vega y todavía no tiene los Terrenos
La provincia de La Vega vuelve a estar en el centro del debate público tras el anuncio de una licitación cercana a los 900 millones de pesos para la construcción de la esperada Arena de La Vega, una obra que ha sido presentada como un símbolo de desarrollo deportivo y modernidad para la región. Sin embargo, el proyecto enfrenta una realidad incómoda: los terrenos donde se pretende levantar la estructura todavía no están disponibles porque su propietario no ha aceptado venderlos.
La situación genera preguntas que no pueden ser ignoradas. ¿Cómo se anuncia una licitación millonaria sin tener asegurado el terreno? ¿Quién garantiza que el proceso no termine convertido en otro proyecto detenido, cargado de gastos y promesas incumplidas? La planificación de una obra pública no puede basarse únicamente en anuncios políticos ni en ruedas de prensa; debe sustentarse en bases legales y administrativas claras.
El nombre de Kelvin Cruz ha quedado inevitablemente ligado a esta controversia, no solo por su rol en el Ministerio de Deportes, sino también porque La Vega representa una plaza de alto valor político y emocional para su liderazgo. La construcción de la Arena de La Vega podría convertirse en una de las obras deportivas más importantes de la región, pero también podría terminar siendo un ejemplo de improvisación estatal si no se resuelve primero el tema esencial: la adquisición legal y definitiva de los terrenos.
Muchos ciudadanos apoyan la idea de una arena moderna. La Vega merece infraestructura de calidad, espacios dignos para la juventud y escenarios capaces de impulsar eventos deportivos y culturales. Lo que preocupa no es la obra en sí, sino la manera en que se están manejando las prioridades. Antes de hablar de cemento, licitaciones y millones, el Estado debe garantizar transparencia y viabilidad.
En República Dominicana ya existen demasiadas obras anunciadas con bombos y platillos que luego terminan paralizadas, judicializadas o convertidas en monumentos al abandono. La población está cansada de proyectos que comienzan en los medios antes que en los documentos oficiales.
La Arena de La Vega todavía puede convertirse en una realidad positiva para la provincia, pero el gobierno tiene la responsabilidad de explicar con claridad qué ocurrirá con los terrenos, cuáles son las negociaciones en curso y por qué se avanzó públicamente en una licitación sin contar con un acuerdo definitivo de compra.
Porque cuando se manejan recursos públicos por cientos de millones de pesos, la transparencia no debe ser opcional: debe ser obligatoria
