Modificación Ley 225-20: ¿Fortalece o dificulta gestión de residuos sólidos?

La modificación a la Ley 225-20 Residuos Sólidos sigue generando opiniones encontradas entre representantes de diversos sectores que aseguran, por un lado, que el proyecto otorgaría más recursos para la gestión de los desechos y otros que califican la iniciativa como un "retroceso" que atenta contra la sostenibilidad ambiental. 

Para el viceministro de Recursos Costero Marinos del Ministerio de Medio Ambiente, José Ramón Reyes, las modificaciones aprobadas por el Senado son "técnicamente cuestionables" y carentes de un enfoque inclusivo que aborde de manera eficaz los problemas de contaminación procedente de la basura en República Dominicana. 

Uno de los puntos que cuestiona el funcionario es la legalización del uso de foam con aditivos que serían biodegradables. "¿En base a qué análisis técnico los senadores afirman que ese aditivo es biodegradable? Y aun si lo fuera, el remedio puede ser peor que la enfermedad, ya que podrían convertirse en microplásticos, mucho más peligrosos", señaló Reyes.

El viceministro expresó su preocupación por la extensión de cinco años para la eliminación de fundas plásticas, una medida que, a su juicio, retrasa más la regulación que el Ministerio impulsa desde el 2008. 

Reyes calificó de "inalcanzables" las metas de reciclaje que exigen a los fabricantes incorporar un 10 % de resinas recicladas en 2026 y un 30% en 2027. "Países con sistemas avanzados, como México y España, no han logrado estas metas. Esto muestra que la ley está llena de objetivos incongruentes e inalcanzables", sostuvo.  

¿Un ejemplo de "green washing"?

Para Romina Santroni, abogada experta en temas ambientales, quien participó en la redacción del anteproyecto de ley, el proyecto actual "genera cambios en el marco jurídico y en el sector de residuos que posponen la obligación del Estado de velar por la salud de la población".

A través de un comunicado, Santroni indicó que la modificación puede considerarse como lo más parecido al concepto de "lavado de imagen verde" o "green washing", debido a propuestas como la postergación del inicio de la recogida selectiva de residuos por las alcaldías.

"Si no se recogen los residuos de manera separada, el sistema de gestión es despojado de una de las acciones principales, la separación en la fuente", expuso la abogada, quien añadió que el proyecto de ley contempla la regulación de aspectos técnicos sobre materiales de envases que son propios de normas técnicas, y "postergan la implementación de los planes de reducción y manejo de los residuos prioritarios". 

Agrega que la iniciativa de modificación establece un manejo de fondos públicos y penalidades "que generan dudas sobre su transparencia". Santroni señala que estas disposiciones "promueven un oligopolio en el sector de residuos y violan principios clave del derecho ambiental, como el de quien contamina paga y el principio de no regresión ambiental". 

A juicio de Santroni, el proyecto, aprobado por el Senado "desintegra las bases y el espíritu mismo de la ley de residuos vigente, con el fin de adaptar las disposiciones a un esquema que asegure la sostenibilidad financiera y económica del sistema".  

¿Qué dicen los gestores de residuos?

Diario Libre consultó a representantes de empresas que gestionan residuos sólidos, a través de rellenos sanitarios y plantas de revalorización, sobre la iniciativa que se conoce en el Congreso. 

Algunos, que prefirieron mantenerse en anonimato, expresaron que las modificaciones podrían beneficiar al sector, "ya que darían un apoyo significativo a las alcaldías y ayuntamientos con fondos destinados para los residuos sólidos y mantener las ciudades y pueblos limpios". 

Erick Rizek, gerente general de Móvil Soluciones Ambientales, indicó que la iniciativa "tiene puntos favorables y cosas que hay que revisar". En ese sentido, resaltó como punto importante la revisión del incentivo otorgado a las empresas que reciben desechos en sus instalaciones.