Aragón se está llenando de centros de datos, la pregunta es a dónde se está yendo el dinero que supuestamente dejan
Aragón está llenándose de servidores (y de promesas). Amazon Web Services construye campus en Villanueva de Gállego, El Burgo de Ebro y Huesca, pero el impuesto que grava su actividad no acaba en las arcas de esos municipios. Desde que los primeros centros entraron en funcionamiento, en 2022, AWS ha optado por pagar el IAE mediante una cuota nacional al Ministerio de Hacienda. El dinero se recauda en Madrid. El impacto físico y medioambiental (consumo eléctrico, de aguas, etc) lo sufre Aragón. El alcalde de El Burgo de Ebro calificó esto de "lamentable y vergonzoso". Y ya hay vecinos diciendo que no quieren saber nada de estos centros.
"¿Dónde está el supuesto interés general?", se preguntaba el investigador en Ecología Política Enol Nieto. Pero Aragón encaja como Sillicon Valley europeo porque "Lo que en otros países europeos podría tardar 4-5 años en licencias urbanísticas y ambientales, aquí se gestiona en 10-18 meses. Esta agilidad y seguridad jurídica son ventajas competitivas que hacen de España, y de Aragón en particular, un lugar ideal para este tipo de inversiones".
Agua y aceite. Durante décadas, muchas empresas agroalimentarias han producido en Murcia, Andalucía o Extremadura mientras centralizaban su sede fiscal y administrativa en Madrid. Una almazara puede comprar aceituna en Jaén, molturarla en Córdoba y vender aceite desde una sociedad domiciliada en Madrid. El IVA y el Impuesto de Sociedades se liquidan a escala estatal; el municipio productor conserva el IBI, el IAE local, licencias y tasas que no hayan sido bonificadas. Si la compañía elige una estructura nacional, los pueblos se quedan sin materia y sin réditos.
Por ejemplo, en 2014, cuando Deoleo (mayor envasadora de aceite del mundo), anunció que trasladaba su sede social a Córdoba, la pregunta fue si dejaría de pagar impuestos en Madrid. La empresa respondió que el domicilio fiscal no es optativo: es el lugar donde se dirige de verdad el negocio. Con el 75% de su actividad en el extranjero y gestionada desde Madrid, elDiario.es concluyó que el cambio apenas tendría efectos económicos en Andalucía. Mientras tanto, su planta de Alcolea envasaba en torno al 47% de la producción del grupo, unos 70 millones de litros al año.
Un impuesto con tres cuotas. Para entender todo esto, partamos de la ley. El Impuesto sobre Actividades Económicas tiene tres tipos de cuota: municipal, provincial y nacional. La municipal se paga al ayuntamiento donde está la actividad. La nacional se reserva a las empresas que operan en varias provincias, y la gestiona la Agencia Tributaria.
Según DCD, AWS sostiene que su situación está cubierta por la legislación, y las normas del impuesto permiten al contribuyente elegir cuando la tarifa prevé más de una clase de cuota. Que el sistema sea legal según el criterio fiscal aplicado hasta ahora no significa que compense.
Lo que se queda en casa. Que se pague en Madrid significa que se declara ante la Agencia Tributaria desde su domicilio, no que el Ayuntamiento de Madrid se quede el dinero. Según el real decreto que regula el reparto, la recaudación de las cuotas nacionales se reparte entre todos los municipios y diputaciones del territorio común. El 80% va a los ayuntamientos, según su población, su número de contribuyentes y el volumen de cuotas. El 20% restante, a las diputaciones. Aragón recibe una parte, pero no en función de dónde está el centro de datos.
Una consulta vinculante de la Dirección General de Tributos, de febrero de 2026, clasifica los servicios cloud en el grupo 845 de las tarifas del IAE, que según esa fuente solo tiene cuota mínima municipal. Si esto se aplica a AWS, no podría elegir la cuota nacional con esa actividad. La explicación estaría en otros epígrafes, como los de construcción, que sí admiten cuota nacional.
Y lo que se queda fuera. Las estimaciones incluidas en la documentación de la primera ampliación cifran el IAE anual en 522.777 euros: 384.503 para Zaragoza, 90.817 para Huesca, 33.400 para Villanueva y 14.056 para El Burgo. No es una cifra millonaria para Amazon, pero sí para ayuntamientos pequeños. En El Burgo de Ebro, con poco más de 2.700 habitantes, esos 14.056 euros equivalen a financiar saneamiento y mucho mantenimiento urbanístico. En Villanueva, la pérdida ronda los 33.400 euros cada año. Esto son muchas piscinas llenas. El presidente aragonés, Jorge Azcón, culpó al Ministerio de Hacienda.
¿Y el IBI? El IAE es solo una parte. El IBI y el ICIO (el impuesto sobre construcciones) dependen del ayuntamiento. Aunque el IAE rondaría los 522.778 euros anuales, el IBI serían 226.884 euros. El ICIO, en cambio, no se cobra, porque los centros se tramitan como Proyectos de Interés General de Aragón (PIGA), lo cual los exime. El Impuesto sobre Sociedades va a la Hacienda estatal. Por el IVA, las comunidades reciben su parte según el consumo de cada territorio, y quien consume un servicio cloud puede estar en cualquier parte. Y los sueldos tributan por IRPF donde viven los trabajadores.
¿Compensa? Depende a quién preguntes. AWS calcula que su inversión de 33.700 millones hasta 2035 sumará 31.700 millones al PIB español, 18.500 de ellos en Aragón, y una media de 29.900 empleos anuales, 13.400 en la comunidad. Casi todo es empleo indirecto o de obra: el propio centro funciona con pocas personas, y ya hablamos del centro abierto las 24 horas que opera con unos 180 trabajadores. Los proyectos de Amazon podrían alcanzar 1.000 empleos directos en operación cuando estén a pleno rendimiento.
La Fundación Basilio Paraíso, de la Cámara de Comercio de Zaragoza, estimó en 2025 un retorno fiscal de entre 3.000 y 4.300 millones en una década y hasta 1.200 millones para las administraciones aragonesas. En septiembre, su actualización elevó el impacto en explotación a 1.149 millones anuales y 3.217 empleos, pero advierte de que Aragón necesita un plan de choque para aprovecharlo. Porque ojo: los centros de datos ya acaparan, según DCD, el 34,2% de los 6.329 megavatios concedidos por Red Eléctrica en toda España.
Efecto sede. El "efecto sede" suele favorecer siempre a Madrid. Ya lo documentó El Independiente: Madrid declara cerca del 55% del IVA con apenas el 21% del consumo. Otro estudio del que se hacía eco Nada es Gratis concluye que los impuestos municipales apenas sufren este sesgo, porque se pagan donde está la actividad física. De ahí, parte de la polémica.
El Ayuntamiento de Villamayor de Gállego calcula que varios proyectos de centros de datos le privarán de unos 100 millones de euros en ICIO. Microsoft prepara allí una inversión de 2.200 millones de euros, y otro campus de Azora suma 1.100 millones. Por comparar, el campus de datos previsto por Samca en Luceni calcula casi 900.000 euros anuales de IBI y 234.000 de IAE cuando funcione a pleno rendimiento.
Plantas y animales. Aragón ha construido una alfombra roja fiscal para atraer proyectos cuyo coste territorial queda cerca y cuyo beneficio tributario se reparte muy lejos. Pero el servidor necesita suelo, agua, electricidad, carreteras y bomberos locales.
Y, de hecho, casi nada de lo que se sabe del impacto de los centros de datos sobre la fauna y la flora aragonesas procede de estudios independientes. Lo más parecido a un trabajo de campo son los estudios de impacto ambiental que encargan las propias empresas: los de Microsoft para La Muela, Villamayor de Gállego y Zaragoza están publicados por el Gobierno de Aragón, y una resolución del boletín oficial sobre los centros de El Burgo de Ebro y Zaragoza-La Cartuja menciona informes anuales de avifauna y especies esteparias como la ganga ortega, el sisón y la avutarda.
El foco está en el cernícalo primilla: en Calatorao, el INAGA considera que el campus de Blackstone no pondría en peligro a esta ave protegida, mientras que las alegaciones de colectivos ecologistas y vecinales contra el proyecto de Microsoft sostienen que parte de sus infraestructuras está en el ámbito de protección de la especie y toca hábitats de interés comunitario.
Imágenes | IAD Data Centers and Community Amazon Web / Originales de Noah Berger (2023)
