El derribo de dos avionetas en 1996 vuelve a poner a Raúl Castro ante la justicia estadounidense
Treinta años después de que aviones militares cubanos derribaran dos aeronaves civiles estadounidenses sobre el estrecho de Florida, la justicia de ese estado ordenó el arresto del expresidente cubano Raúl Castro, de 95 años, acusado de participar en una conspiración para cometer asesinato en primer grado por la muerte de cuatro integrantes de la organización Hermanos al Rescate.
La orden, anunciada este lunes 19 de octubre por el fiscal general de Florida, James Uthmeier, fue firmada el viernes por la jueza Ariana Fajardo Orshan, presidenta del Undécimo Circuito Judicial, y establece que Castro no tendrá derecho a fianza. La decisión se produce cinco meses después de que la justicia federal estadounidense presentara cargos contra el antiguo gobernante por su presunta responsabilidad en el mismo ataque.
La nueva acusación se fundamenta en una investigación de la Fiscalía estatal y del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE), que atribuye a Castro, entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y vicepresidente de Cuba, un papel decisivo en la cadena de mando que autorizó el derribo de las aeronaves el 24 de febrero de 1996.
Según el documento judicial, Castro había transmitido instrucciones a los altos mandos militares para disparar contra los aviones cuando aparecieran sobre el mar, sin necesidad de solicitar autorización adicional. La Fiscalía sostiene que esas órdenes formaban parte de una operación coordinada con agentes de inteligencia cubanos infiltrados en el sur de Florida.
La investigación también señala que integrantes de la denominada Red Avispa, una estructura de espionaje cubana que operaba en territorio estadounidense, obtuvieron información sobre los planes de vuelo de Hermanos al Rescate y la transmitieron a La Habana. Las autoridades consideran que esas actividades permiten establecer una conexión entre el ataque y una presunta conspiración desarrollada parcialmente en Florida.
Un ataque que provocó una crisis internacional
El 24 de febrero de 1996, tres avionetas Cessna de Hermanos al Rescate despegaron del aeropuerto de Opa-Locka, en el condado de Miami-Dade, para realizar una misión sobre el estrecho de Florida. Dos fueron destruidas por misiles disparados desde cazas MiG de la Fuerza Aérea cubana.
Murieron Carlos Costa, Pablo Morales, Mario de la Peña y Armando Alejandre Jr., integrantes de una organización fundada para localizar y auxiliar a personas que intentaban abandonar Cuba en embarcaciones precarias. Una tercera aeronave logró regresar a Estados Unidos.
El lugar del ataque se convirtió inmediatamente en el centro de una disputa diplomática. La Habana defendió su actuación alegando violaciones de su espacio aéreo por parte de aeronaves vinculadas a la organización, mientras Washington sostuvo que los aparatos destruidos se encontraban sobre aguas internacionales.
Una investigación posterior de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) determinó que los dos aviones fueron derribados fuera del espacio aéreo cubano. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condenó el uso de armas contra aeronaves civiles y exigió a Cuba respetar las normas internacionales de aviación.
El episodio tuvo además un antecedente importante: Hermanos al Rescate había realizado vuelos sobre La Habana y lanzado propaganda contra el Gobierno de Fidel Castro. Las autoridades cubanas consideraban esas incursiones provocaciones y habían advertido que no tolerarían nuevas violaciones de su espacio aéreo.
Sin embargo, los antecedentes de esos vuelos no modificaron las conclusiones internacionales sobre el derribo de las dos aeronaves civiles fuera del territorio cubano. La controversia contribuyó a agravar las relaciones entre Washington y La Habana durante la presidencia de Bill Clinton.
El derribo aceleró la ley Helms-Burton
Las consecuencias del ataque trascendieron la confrontación diplomática. El 12 de marzo de 1996, menos de tres semanas después de la muerte de los cuatro tripulantes, Clinton promulgó la ley Helms-Burton, que endureció el embargo económico estadounidense contra Cuba y estableció nuevas restricciones relacionadas con las propiedades confiscadas por el Gobierno cubano.
La legislación, que había encontrado resistencia antes del derribo, recibió un nuevo impulso político tras el incidente. Además de reforzar las sanciones, abrió la posibilidad de presentar demandas contra determinadas empresas que utilizaran propiedades confiscadas en Cuba. Sus disposiciones provocaron desacuerdos entre Estados Unidos y algunos de sus principales socios comerciales, entre ellos Canadá y países europeos. En septiembre de 1999, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también responsabilizó al Estado cubano por la violación del derecho a la vida de los cuatro ocupantes de las aeronaves. En su informe 86/99, el organismo recomendó investigar los hechos, sancionar a los responsables e indemnizar a los familiares de las víctimas.
Los antecedentes judiciales
El proceso contra Raúl Castro no es el primer intento de la justicia estadounidense de establecer responsabilidades penales por el derribo. En 2001, un jurado federal de Miami declaró culpable al agente cubano Gerardo Hernández, integrante de la Red Avispa, de conspiración para cometer asesinato por su participación en los acontecimientos relacionados con el ataque.
Hernández fue condenado a cadena perpetua, pero quedó en libertad en diciembre de 2014, durante el acercamiento diplomático entre los gobiernos de Barack Obama y Raúl Castro, como parte de un intercambio de prisioneros que acompañó el restablecimiento de las relaciones bilaterales.
En agosto de 2003, un gran jurado federal también había acusado a dos pilotos militares cubanos, Lorenzo Alberto Pérez Pérez y Francisco Pérez Pérez, y al general Rubén Martínez Puente, entonces jefe de la Fuerza Aérea, por su presunta responsabilidad en la destrucción de las aeronaves.
El caso adquirió una nueva dimensión el 20 de mayo de 2026, cuando el Departamento de Justicia estadounidense anunció una acusación federal contra Raúl Castro. La decisión abrió una vía judicial dirigida específicamente contra quien había sido uno de los principales responsables militares de Cuba durante el ataque y posteriormente presidió el país entre 2008 y 2018.
¿Puede Estados Unidos detener a Raúl Castro?
La nueva orden estatal introduce una segunda vía de persecución penal contra Castro, independiente del procedimiento federal. La Fiscalía de Florida lo acusa de un cargo de conspiración para cometer asesinato en primer grado, considerado un delito grave bajo la legislación estatal.
La jueza Fajardo Orshan encontró causa probable para autorizar la detención, aunque esa decisión no constituye una declaración de culpabilidad. El proceso continúa abierto y las autoridades estadounidenses han advertido que podrían presentarse cargos adicionales.
La principal dificultad es ejecutar la orden. Castro permanece en Cuba y la decisión de un tribunal de Florida no permite a las autoridades estadounidenses detenerlo dentro del territorio cubano. Su eventual arresto dependería de que ingresara en una jurisdicción donde pudiera ser detenido legalmente y de los procedimientos de extradición correspondientes.
Según informó El País este lunes, las autoridades estadounidenses podrían solicitar su extradición si abandonara Cuba. Sin embargo, una solicitud de esa naturaleza no garantiza su entrega, que estaría sujeta a las leyes y obligaciones internacionales del país donde se encontrara.
La Fiscalía sostiene que el paso del tiempo no elimina la responsabilidad por el ataque y que la nueva orden permite mantener abierta la posibilidad de actuar judicialmente contra el exmandatario.
Un nuevo frente de presión sobre Cuba
La decisión se produce en medio del endurecimiento de la política estadounidense hacia La Habana durante el segundo mandato de Donald Trump y cuando Cuba atraviesa una profunda crisis económica, caracterizada por problemas energéticos, escasez de productos básicos y dificultades para obtener divisas.
El fiscal Uthmeier presentó la orden como una continuación de los esfuerzos para exigir responsabilidades por las cuatro muertes. El fiscal federal Jason Reding Quiñones, por su parte, destacó la coordinación entre las autoridades estatales y federales para mantener los dos procedimientos judiciales.
Por primera vez, Raúl Castro enfrenta simultáneamente una acusación federal y una orden de arresto estatal estadounidense relacionadas con el derribo de 1996.
