España alerta ante convocatorias para cruzar a Ceuta a días de elecciones en Marruecos
En medio de la mayor crisis migratoria entre Marruecos y España, la Embajada española en Rabat ha lanzado una campaña para desincentivar los intentos de entrada irregular a los enclaves españoles de Ceuta y Melilla ante nuevas convocatorias difundidas en redes sociales para cruzar durante la jornada electoral marroquí, el próximo miércoles.
"Entrar irregularmente en España a través de Ceuta y Melilla no da derecho a acceder a la Península, a permanecer en España ni circular libremente por el resto de Unión Europea", señala la cuenta en X de la Embajada de España en Marruecos.
"No te dejes engañar por la desinformación. La reciente sentencia del Tribunal Supremo precisa el procedimiento con quienes acceden por mar. No modifica la Ley de Extranjería. No declara ilegal el rechazo en frontera. No impide el retorno", continúa la campaña, difundida también en cuentas de los diferentes consulados españoles en el país magrebí.
La iniciativa coincide con convocatorias aparecidas en redes sociales para un nuevo cruce irregular a Ceuta el próximo día 23, coincidiendo con las elecciones legislativas en Marruecos.
Las redes sociales tuvieron un papel fundamental en la crisis migratoria desatada en Ceuta por el mayor cruce masivo en su frontera, más de 70,000 personas, el pasado 30 de julio.
Aunque el grueso de los inmigrantes irregulares regresó a Marruecos, miles todavía, en su mayoría jóvenes, siguen en la ciudad española.
La crisis, que ha tensionado las relaciones entre Madrid y Rabat, ha provocado al menos 140 muertos, según organizaciones civiles.
La pasada semana, Marruecos desarrolló un simulacro militar en la frontera entre Fnideq (Castillejos) y Ceuta con la participación de centenares de efectivos.
Durante el fin de semana, se han difundido en redes imágenes de cientos de migrantes, en su mayoría subsaharianos, en zonas próximas al paso fronterizo con Ceuta.
En España, esta crisis marca la agenda política y ha derivado en un amplio debate institucional. La Audiencia Nacional investiga si existió una posible "gestión favorecedora" de Rabat.
En Marruecos la reacción institucional y política fue limitada. Las autoridades tardaron cuatro días en pronunciarse para rechazar que se les atribuya responsabilidad alguna en la crisis.
"El tema es de alta sensibilidad y complejidad", explica a EFE Said Saddiki, profesor de Relaciones Internacionales de la universidad de Fez, por las relaciones de interdependencia con España, por un lado, y el peso para Marruecos de la reivindicación territorial de las dos ciudades españolas de Ceuta y Melilla.
No es la primera vez que la migración irregular a Ceuta desata una crisis entre Madrid y Rabat.
En 2021, unas 10,000 personas cruzaron irregularmente a la ciudad española. Entonces Marruecos relacionó la tensión con la decisión de España de permitir que Brahim Ghali (77 años), dirigente del Frente Polisario, recibiera tratamiento en territorio español tras contraer COVID.
Las relaciones bilaterales entraron en una nueva fase de acercamiento en 2022, después de que España modificara su postura sobre la excolonia española del Sahara Occidental y pasara a considerar la propuesta de autonomía presentada por Marruecos como "la base más seria, creíble y realista” para resolver el conflicto saharaui.
El olvido de las víctimas
Esta vez, con Marruecos en campaña electoral, el Gobierno ha limitado sus pronunciamientos públicos y los principales partidos han evitado convertir Ceuta en eje de sus propuestas.
Al inicio de la campaña, el discurso político adquirió un tono nacionalista para reclamar los "derechos históricos" sobre Ceuta y Melilla, pero el enfoque fue perdiendo protagonismo.
El Ministerio marroquí de Exteriores rompió el silencio institucional el 10 de septiembre para rechazar que Marruecos sea utilizado como "peón político preelectoral" o "chivo expiatorio" en España.
Mientras, las familias de los fallecidos denuncian que sus casos han quedado en un segundo plano. En testimonios recogidos por EFE, lamentan la indiferencia oficial y la escasa atención que han recibido de los medios de comunicación del país.
Saddiki atribuye el contraste entre la dimensión de la crisis y su limitada presencia en el debate político marroquí al hecho de que la política exterior es dominio exclusivo del Palacio, por lo que los partidos se comportan con "extrema cautela" para no comprometer los intereses del Estado.
El sociólogo Mehdi Alioua plantea otra interpretación. A su juicio, la crisis podría reflejar una "brecha de seguridad" que las autoridades marroquíes preferirían no destacar, pero rechaza las hipótesis que presentan los acontecimientos como una operación organizada desde Rabat.
Según Alioua, las fuerzas de seguridad marroquíes se vieron desbordadas por las circunstancias -que coincidieron con la celebración del 27 aniversario de entronización del rey Mohamed VI- y por la elevada movilidad de población durante el verano hacia las localidades cercanas a Ceuta.
Dimensión europea de la crisis
El problema ha adquirido también una dimensión europea. El Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre la crisis de Ceuta como "herramienta de guerra híbrida contra la integridad territorial" y calificó la ciudad española de "invadida".
Rabat minimizó la resolución. Su embajador ante la UE y la OTAN, Ahmed Reda Chami, sostuvo que no incriminaba a su país y defendió el "compromiso operativo diario" de Rabat en materia migratoria.
Para Alioua, la crisis de Ceuta debe entenderse en el contexto de la crisis social marroquí (donde el paro juvenil supera un 27 %), del atractivo de Europa para muchos marroquíes y una frontera cuya vigilancia, sostiene, responde en buena medida a las exigencias europeas.
"Marruecos tiene que vigilar esta frontera. Es injusto, pero así son las cosas. (...) lo hace porque Europa lo exige y no tiene otra opción", lamenta.
Al menos desde hace una década, Bruselas y Rabat mantienen acuerdos sobre la gestión fronteriza a través de programas de financiación.
En 2022, tras la primera gran crisis migratoria de Ceuta, la UE estableció un programa de 500 millones a siete años para ayudar a Rabat a luchar contra la migración irregular.
