España tiene un plan casi perfecto para convertirse en una potencia de IA. También tenía uno en 2020
España acaba de presentar un ambicioso plan para intentar convertirse en referente europeo en inteligencia artificial. Entre los objetivos están la creación de una gigafactoría con hasta 100.000 chips aceleradores de IA, 600 millones de euros para llevar la IA a las empresas, modelos propios, formación, IA en la Administración y hasta un nuevo contrato social para repartir los beneficios de la tecnología. Sobre el papel el plan es prometedor y está lleno de buenas intenciones, pero si echamos la vista atrás, la cosa es preocupante: en 2020 España presentó otra gran estrategia para ser puntero en IA y seis años después esa situación no ha cambiado demasiado.
En 2020 el plan también sonaba estupendamente. La primera Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial nos hablaba de cómo se invertirían 600 millones de euros públicos entre 2021 y 2023 en seis grandes áreas. España quería impulsar la investigación, atraer talento, construir infraestructura, introducir la IA en las empresas y la Administración y establecer un marco ético que protegiera los derechos de los ciudadanos. Se buscaba una IA "humanista, inclusiva y sostenible", y aquello nos recuerda bastante a esto de 2026.
No partimos de cero, pero no estábamos donde queríamos. España tiene hoy MareNostrum 5 y Barcelona fue seleccionada para albergar una de las siete primeras factorías europeas de IA, cuya ampliación de capital ya está contratada. Tenemos aquí logros tanfibles, pero además nuestro país ha avanzado en competencias digitales y servicios públicos digitales. Sin embargo, según la Comisión Europea, España "aún no está aprovechando plenamente" esas ventajas para impulsar la adopción de estas tecnologías en las empresas.
ALIA sigue haciéndonos dudar. El modelo soberano español fue presentado políticamente en enero de 2025, pero ALIA-40B ni siquiera había terminado su entrenamiento en aquel momento. Salió de forma prematura, y uno de sus responsables ya nos comentó en una entrevista cómo aquel lanzamiento no fue "una decisión técnica". Aunque ha avanzado en todo este tiempo, no dispone de una infraestructura pública de inferencia que permita utilizar ALIA como usamos otros modelos, lo que hace que aunque tengamos modelos soberano en desarrollo, de momento su disponibilidad pública y su rendimiento son limitados.
Con la supervisión ocurre algo similar. España fue pionera al crear AESIA, una agencia específica para supervisar la inteligencia artificial. Aunque eso es un avance institucional, una cosa es crear un organismo y otra conseguir el resultado que se prometió durante su creación. Como contamos en Xataka tras revisar su actividad, casi un año después de comenzar a operar, no hay constancia de que AESIA haya auditado ningún algoritmo crítico de una gran tecnológica ni abierto expedientes relevantes. De momento su actividad se centra en el acompañamiento regulatorio, la publicación de guías y un Laboratorio de Ideas.
Las empresas, asignatura pendiente. La estrategia de 2020 ya quería incorporar la IA en el ámbito empresarial. En 2023 ya la usaban el 9,2% de las empresas españolas frente al 8% europeo, pero en 2026 la Comisión Europea indica que España no está acelerando suficiente este ámbito. El plan IA360 quiere solucionarlo con otros 600 millones de euros para introducir la IA en 25.000 empresas.
Gigafactoría a la vista. El proyecto más llamativo del plan es el que invertirá hasta 5.000 millones de euros de inversión público-privada para ese centro de datos con hasta 100.000 chips y que teóricamente estará operativo en 2028 o 2029. Aquí hay más que una promesa: el Gobierno autorizó en junio una inversión de 719 millones de euros de la SETT para participar en el consorcio que impulsa el proyecto. Hay un detalle importante: España no tiene aún gigafactoría adjudicada, y el proyecto debe ganar la convocatoria europea de EuroHPC. El plan propone incluso comenzar las obras en febrero de 2027 y abrir en 2028, pero todo depende de conseguir el proyecto.
Hay ideas realmente buenas en el plan IA360. Más allá de que el avance esté siendo lento o algo decepcionante en algunas áreas, el plan es muy razonable y bastante sólido. De hecho hay ideas especialmente interesantes, como llevar un asistente de IA a Mi Carpeta Ciudadana en 2027. Si funciona como promete, la IA podría ayudarnos a entender trámites y gestiones de la Administración. El Contrato Social propuesto, que quiere reunir a empresas, sindicatos y administraciones para afrontar el impacto laboral de la IA, también es razonable. El problema es que ambas ideas tienen que materializarse, y aunque haya buenas intenciones, lo que se critica a menudo es que hasta ahora apenas ha habido resultados tangibles.
Imagen | PSOE