La pobreza en la UE bajó en la última década, pero con grandes diferencias por regiones
La pobreza en la Unión Europea (UE) ha disminuido en la última década: si en 2015 la tasa de personas en riesgo de pobreza monetaria era del 17.4 %, en 2023 suponía el 16,2 %. Sin embargo, aunque globalmente es una mejora, profundas diferencias regionales impiden un avance homogéneo en Europa.
Esta es la principal conclusión de un estudio de las investigadoras Silvia Megyesiova y Cecília Olexová, de la Universidad de Economía y Negocios de Bratislava, Košice (República Eslovaca), publicada este miércoles en PLOS One.
Bajo la premisa del primero de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas para 2030, el estudio analizó la evolución de la pobreza en los Estados miembros de la UE y examinó la brecha socioeconómica entre los 27 países entre los años 2015 y 2023.
El análisis abarcó tres periodos: el quinquenio prepandémico 2015-2019, el año del covid (2020) y el periodo de recuperación reciente 2021-2023.
Aunque los resultados generales revelaron una tendencia de progreso paulatino, con una reducción progresiva de la pobreza monetaria y de la carencia material en la Unión Europea, el estudio advierte de la persistencia de "profundas disparidades regionales y desigualdades estructurales que impiden un avance homogéneo entre los socios comunitarios".
Los países más vulnerables y los más fuertes
Según el trabajo, en el periodo más reciente (2021–2023) el grupo más vulnerable de la Unión Europea fue el de Bulgaria, Rumanía, Grecia y Letonia, que concentran las mayores tasas de riesgo de pobreza monetaria, una acusada carencia material y los índices más preocupantes de privación de vivienda, sumado a un severo retraso en competencias digitales donde solo el 40,2 % de su población cuenta con conocimientos informáticos básicos.
El estudio también destaca la preocupante trayectoria de Grecia y Letonia, que en el último trienio convergieron con Bulgaria y Rumanía en este patrón de alta fragilidad socioeconómica.
Y aunque Grecia registró un notable crecimiento del PIB tras la pandemia, este repunte proviene de un desplome previo severo y no ha logrado compensar sus elevadas cargas en el coste de la vivienda ni su atraso en la infraestructura y habilidades digitales, puntualizan las autoras.
Los mas fuertes y resilientes
En el extremo opuesto, la investigación sitúa a los Estados más fuertes y resilientes del bloque: Irlanda, República Checa, Finlandia, Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Austria, Suecia y Malta.
Irlanda destaca como un caso individual por su elevadísimo PIB por cápita y sus reducidas cifras de privación en la vivienda, mientras que República Checa y Finlandia forman un tándem de máxima resiliencia social al combinar la menor pobreza monetaria (10.7%) con el mayor nivel de competencias digitales (75.6%).
Con estabilidad por la riqueza de sus habitantes
Por su parte, Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Austria y Suecia, junto a Malta, consolidan una marcada estabilidad socioeconómica gracias a su elevada riqueza por habitante, su avanzada digitalización y sus bajos índices de carencia material, países que cuentan con redes de protección social sólidas que amortiguan eficazmente las perturbaciones económicas.
Respecto a España, la investigación la sitúa en una posición de vulnerabilidad intermedia y de carácter muy estable y la encuadra de manera constante con Italia, Portugal, Lituania y Estonia en los tres periodos analizados.
El estudio situá a estos países a distancia del grupo más crítico del este y sur profundo, pero advierte de que tienen riesgos persistentes de pobreza laboral y más dificultades de acceso a la vivienda que los del centro y norte europeo.
En el caso de España, especifica que la economía padece retos estructurales de largo plazo en las condiciones de vida de sus hogares y en su mercado de trabajo y apunta que, tras sufrir en 2020 una caída del PIB real del 10,9% —el mayor impacto económico de la UE por la crisis sanitaria—, el país recuperó actividad, pero sus indicadores de pobreza laboral y de gasto en vivienda siguen en niveles que frenan su convergencia con los Estados más prósperos.
Las autoras concluyen que, para cumplir las metas de la Agenda 2030, las instituciones europeas deben diseñar políticas adaptadas a las especificidades de cada bloque, priorizando la vivienda asequible, el empleo digno y la alfabetización digital como motores indispensables de inclusión.
