Más de 12,700 migrantes han regresado de Ceuta a Marruecos desde agosto
Un total de 12,705 personas han regresado de la ciudad autónoma española de Ceuta a Marruecos desde el pasado 10 de agosto, de las que la mayoría, más de 12,000, han sido retornos voluntarios, y el resto expulsiones.
Así lo detalló este martes la portavoz del Gobierno español, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que explicó que hay habilitadas 7,477 plazas en recursos temporales en Ceuta para las personas migrantes.
Además, hay 3,331 menores atendidos en el sistema de protección autonómico.
En lo que respecta a los menores reubicados en la península, 107 lo han sido por reagrupación familiar y 181 se han trasladado a otras comunidades autónomas. Además, 63 expedientes han sido remitidos a Marruecos
La actual crisis en esta ciudad autónoma se originó tras la entrada irregular de unas 80,000 personas a finales de julio desde Marruecos.
Saiz indicó que, en materia de seguridad, hay 5,237 efectivos desplegados en Ceuta y se han realizado 11,375 patrullas de vigilancia e informativas
Sobre la actividad escolar, la asistencia a clases en los colegios de Ceuta se mantiene en torno al 90 %, "que son datos que se enmarcan dentro de la normalidad".
Mientras, en el ámbito sanitario, el 83 % de los migrantes alojados en recursos temporales están vacunados y, de las 211 camas hospitalarias disponibles en la ciudad autónoma, hay 100 ocupadas, 20 de ellas por personas migrantes.
El Gobierno y Ceuta discrepan sobre las devoluciones
La actualización de las cifras coincide con un enfrentamiento entre el Gobierno central y las autoridades de Ceuta por la gestión de la crisis migratoria.
Según publicó este martes El País, el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, reclama mayor información y recursos para acelerar las devoluciones, mientras el Ejecutivo español sostiene que los procedimientos deben cumplir las garantías legales y que ya se han movilizado medios suficientes.
En una respuesta oficial divulgada este martes, el Ministerio de Política Territorial rechazó las acusaciones de inactividad formuladas por el Gobierno ceutí.
La Moncloa aseguró que las medidas adoptadas desde los acontecimientos del 30 y 31 de julio han permitido reducir considerablemente la presión migratoria inicial y mantener el orden público. La respuesta se produjo después de un requerimiento presentado por Vivas en septiembre.
La situación de los menores constituye otro de los principales puntos de controversia. En septiembre, El País informó de las dificultades para trasladar a menores migrantes a otras comunidades autónomas, en medio de desacuerdos entre administraciones.
La Comisión Europea también había recordado en agosto que España tiene la obligación de proteger a los menores vulnerables, incluso mientras se desarrollan los procedimientos de retorno.
Mientras tanto, las autoridades españolas continúan desmantelando asentamientos improvisados. La Cadena SER informó que el pasado domingo la Policía Nacional desplegó cerca de un centenar de agentes para desalojar instalaciones ocupadas por migrantes en Los Rosales y el polígono industrial de El Tarajal. Los afectados fueron trasladados a centros de identificación para determinar su situación administrativa y las posibilidades de acogida o retorno.
La crisis también ha provocado un aumento de los intentos de abandonar Ceuta irregularmente hacia la península ibérica. Según publicó El País este lunes, la Guardia Civil detuvo a dos migrantes después de una persecución marítima, mientras que el 15 de octubre la Policía Nacional informó de la detención de 45 personas relacionadas con intentos de embarcar utilizando documentación fraudulenta. Las investigaciones apuntan a redes que cobraban hasta 6,000 euros por facilitar documentos ajenos para realizar los desplazamientos.
