Colombia investiga presuntos nexos entre altos funcionarios y disidencias de las FARC
Las autoridades colombianas enfrentan un nuevo frente de crisis institucional tras las revelaciones sobre posibles vínculos entre miembros del Gobierno y las disidencias de las FARC, encabezadas por alias Calarcá.
La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), epicentro del escándalo, anunció la apertura de dos investigaciones internas luego de que un reportaje televisivo difundiera supuestas comunicaciones entre su director, Wilmar Mejía, y cabecillas del grupo armado.
Aunque Mejía negó cualquier relación con los insurgentes, aseguró que se verificarán todos los datos "con rigor y sin margen de duda".
El organismo de inteligencia también activó una auditoría externa dirigida por la inspectora general Isabel Molina, designada por el presidente Gustavo Petro, con el fin de garantizar transparencia ante la creciente presión política y mediática.
La Procuraduría General abrió investigaciones paralelas contra Mejía y el general retirado Juan Miguel Huertas, actual jefe de Personal del Ejército, señalados en los documentos filtrados.
Según el informe, ambos habrían mantenido contactos con miembros del llamado Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) para facilitar la creación de empresas fachada que permitieran la movilidad de combatientes en zonas fronterizas.
