El manejo de los cambios súbitos a la ley de residuos sólidos despierta sospechas
Lo que comenzó hace seis años como una legislación destinada a ordenar la gestión integral de los residuos sólidos podría terminar convirtiendo al Fideicomiso DO Sostenible en uno de los mayores administradores de recursos de origen público del país. De aprobarse definitivamente la reforma de la Ley 225-20, modificada por última vez mediante la Ley 98-25 en diciembre pasado, las contribuciones obligatorias del sector privado prácticamente se triplicarían, elevando los ingresos anuales del fideicomiso de unos 3,000 millones de pesos a cerca de 9,000 millones, según estimaciones derivadas del nuevo esquema de aportes.
La magnitud del incremento contrasta con la rapidez del trámite legislativo. La iniciativa fue conocida por el Senado el mismo día de su depósito, incorporada al orden del día a solicitud del senador Antonio Marte y aprobada de urgencia en dos lecturas consecutivas, sin el estudio previo de una comisión permanente. Días después, la Cámara de Diputados repitió el procedimiento al aprobarla también de urgencia, aunque introduciendo modificaciones que reducen parcialmente los montos originalmente aprobados por los senadores.
Con 118 votos favorables de los 146 legisladores presentes, los diputados dispusieron que las empresas con ingresos superiores a 2,500 millones de pesos aporten 2.2 millones de pesos anuales al sistema, en lugar de los tres millones aprobados inicialmente por el Senado para compañías con ingresos superiores a los 2,000 millones. También redefinieron las demás escalas contributivas: las empresas con ingresos entre 700 y 1,000 millones de pesos pagarían 750,000 pesos, mientras aquellas con ingresos entre 1,000 y 2,500 millones aportarían 1.7 millones.
