Begoña Villacís: "Es una prohibición de facto". La patronal de los centros de datos, en pie de guerra contra el Gobierno

El pasado 20 noviembre, a nueve días de las elecciones generales y tras una tramitación por urgencia con más de 600 alegaciones, el Consejo de Ministros de España aprobaba el Real Decreto 1032/2026 que regula la sostenibilidad y la soberanía digital de los centros de datos. La patronal Spain DC anunció de inmediato que recurrirá y pedirá medidas cautelares. Su directora ejecutiva, la exvicealcaldesa de Madrid Begoña Villacís, fue tajante para cadena Ser: "El decreto supone en la práctica la muerte del sector". En su cuenta de Twitter era todavía más dura, con un hilo que empezaba con "Prohibidos los centros de datos en España".

El decreto. Este nuevo Real Decreto afecta a aquellos centros de datos de 10 MW o más y les exige que para conectarse a la red deben cubrir el 80 % de su consumo con renovables nuevas y a demostrar que, hora a hora, el 80 % de la electricidad que consumen se generó en ese momento con renovables. Es lo que se llama correlación horaria y es precisamente el punto más crítico para el sector. El decreto exige además clase A en eficiencia energética e hídrica.

La queja del sector. Es precisamente la correlación horaria la que Begoña Villacís en nombre del sector considera inviable: un centro de datos funciona 24 horas, pero el sol no y lo sintetiza en "Nos piden adaptar la inteligencia artificial a la meteorología". Según Villacís, la solución que podría hacerlo posible son las baterías, pero con las capacidades y tecnologías actuales, las mejores rondan hoy las cuatro horas y para alimentarlas haría falta construir más campos eólicos o fotovoltaicos, con permisos que tardan en llegar.

¿Y si no pueden cumplir con la correlación horaria? El decreto ofrece la opción de acogerse al Sistema de Reducción Automática de Potencia (SRAP) y tener cinco años de adaptación, a cambio de aceptar que Red Eléctrica pueda desconectarlos, primando siempre el interés general. Según Villacís, serían los primeros en la lista de desconexiones.

Por qué importa. Porque los centros de datos son la infraestructura física de la nube y de la IA, la primera una tecnología crítica para servicios digitales online y la segunda, la gran esperanza del sector. Pero hay un peaje a pagar: la Agencia Internacional de la Energía (AIE) estima que su consumo mundial se duplicará para 2030, llegando 945 TWh, lo que supone cerca del 3 % de la demanda eléctrica. En España, según el informe anual de SpainDC consumían el 0,8 % de la electricidad en 2025, pero el Gobierno calcula que la demanda será de entre 3,5 y 4 GW de demanda en 2030. 

Lo que se decide es dónde se instala esa capacidad nueva y quién paga el impacto en la red. Para el Gobierno de España, el temor es el encarecimiento de la factura de la luz. Para el sector, el problema está en perder atractivo para seducir nuevos proyectos de construcción de centros de datos en España. Villacís asegura que la suma de requisitos es la peor de toda Europa, de modo que a nivel competitivo, explica que "ningún centro querría venir a partir de ahora a España y de hecho sabemos ya de muchos que tras la aprobación del decreto se van a fugar de España." Lo que aportan los centros de datos a la ciudadanía que vive a su alrededor es otro melón por abrir.

Las cifras de la discordia. La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico Sara Aagesen sostiene, como recoge Europa Press,  sin esta normativa el desarrollo de estas infraestructuras podría haber provocado un sobrecoste de 5.000 millones de euros al año en el sistema eléctrico y recibos industriales un 25% más caros.

Y si el Gobierno de España tiene pone sobre una mesa para explicar la razón de ser de este Real Decreto, SpainDC pone otro: hay 66.900 millones de inversión en riesgo hasta 2030 y asegura que tres inversores ya han retirado proyectos por 9.000 millones.

Y ahora qué. El Real Decreto 1032/2026 entra en vigor hoy, 22 de noviembre, al día siguiente de su publicación en el BOE. De momento, SpainDC ya lo ha recurrido y ha solicitado la suspensión cautelar mientras este se resuelve. A una semana de las elecciones, el PP ha anunciado que derogará el decreto si llega a la Moncloa.

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