Dimite el ministro español de Transportes tras el accidente de tren que causó 69 muertos

El ministro español de Transportes, Óscar Puente, anunció este martes su dimisión del cargo y su renuncia a ser candidato en las próximas elecciones generales, que se celebrarán el 29 de noviembre, tras el accidente ferroviario que la pasada semana causó 69 muertos.

Puente informó de esta renuncia en una comparecencia ante la Diputación Permanente del Congreso, en la que aseguró que esta decisión la tomó en cuanto tuvo conocimiento del accidente ocurrido en Urda (Toledo, al sur de Madrid), en el que dos trenes de alta velocidad chocaron y causaron la muerte de 69 personas y un centenar de heridos.

Incidió en que su dimisión es una cuestión "de dignidad política, coherencia y empatía con las víctimas" y que su decisión "pretende estar a la altura" de su partido (PSOE, socialista) y de los que le precedieron, "de los que entregaron todo por servir a su idea de país y sociedad, más justa e igualitaria".

Asimismo, Puente afirmó que "no puede continuar en el cargo con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año, por muy distintos que sean y tenga o no responsabilidad directa en ellos".

El ministro aseguró que había informado al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de su decisión de dimitir minutos antes de anunciarlo al final de su comparecencia. De hecho, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros celebrado por la mañana, Puente mantuvo que no pensaba en dimitir.

También agradeció a Sánchez por su "confianza sin límite" y animó a "todos los progresistas de este país a ayudarle" en las elecciones generales del 29 de noviembre, porque "se lo merece".

El accidente ocurrió el pasado miércoles, cuando un AVE de Renfe que circulaba desde Madrid en sentido Sevilla (sur) embistió por detrás a un tren detenido de la compañía Iryo, provocando que varios vagones cayeran por un terraplén. Ambos trenes llevaban en total a 544 pasajeros.

Una dimisión reclamada

Esta dimisión llega en un momento de gran tensión política en España, ya que desde que ocurrió la colisión, el segundo siniestro de este tipo en lo que va de año después del de Adamuz (sur de España), que causó 46 muertes, la oposición al Gobierno de coalición progresista, encabezado por el socialista Sánchez, no dejó de reclamar la dimisión de Puente.

La portavoz del partido de ultraderecha Vox en el Congreso, Pepa Millán, aseguró que su partido haría lo imposible para que Sánchez y Puente asumieran su responsabilidad "penal" en el accidente ferroviario.

Millán opinó que Sánchez es "el último responsable de todo el caos y del calvario constante en que ha convertido España en los últimos años" y, respecto a Puente, dijo que "no tenía que haber llegado al día de hoy como ministro" y que "no se puede tener más poca vergüenza y carecer de más humanidad".

El Partido Nacionalista Vasco también pidió hoy la dimisión de Puente para responder así ante la sociedad de la "crisis" provocada por los dos accidentes de este año y para "permitir la restauración de la confianza" en un servicio público.

El conservador Partido Popular (PP) también exigió la dimisión de Puente, que asumiera su responsabilidad política por el accidente, y le reprochó lo "bien que se le da explicar por qué muere gente en los trenes" y "qué mal" evitarlo.

"Todo lo que ha podido fallar ha fallado, es un fallo sistémico (...) es una causalidad, no una casualidad", dijo la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz.

Y la portavoz de la coalición izquierdista Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, reclamó esta misma mañana, "desde el respeto y la lealtad", que el ministro dimitiera por el accidente ferroviario tras dar todas las explicaciones y en el momento que "lo vea oportuno".

Ayudas a las familias de las víctimas

Previamente, el ministro había informado de que el Ejecutivo español había aprobado una línea de ayudas de 30 millones de euros para indemnizar a las víctimas del accidente y a sus familiares, según anunció Puente tras el Consejo de Ministros de la mañana.

Entre otras medidas, se prevé reducir temporalmente el número de frecuencias de la línea Madrid-Sevilla (donde ocurrieron ambos accidentes), aunque manteniendo el número de plazas, y una revisión extraordinaria de los sistemas de seguridad por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.

Además, el Gobierno español reforzará los centros de control, incrementará las plantillas e introducirá mejoras tecnológicas para aumentar el nivel de seguridad en la alta velocidad ferroviaria.