Una empresa quería plantar más pistachos en un pueblo de Madrid. El proyecto ha terminado con 370 árboles talados, corzos muertos y una multa de 212.000 euros
Valdetorres de Jarama tiene unos 5.300 habitantes y una de las mayores pistacheras de Madrid. Su dueña, Sancorganic, presume de más de 500 hectáreas y más de 100.000 pistacheros entre Madrid y Ávila. Pero desde 2022 vecinos y ecologistas la acusan de destrozar la ribera del río. Y para terminar de quemar ese puente, la plantación lleva desde septiembre con una tala indiscriminada. Se han cargado más de 370 árboles, según documenta la propia empresa.
Talar o no talar. La empresa cuenta con unas 150 hectáreas en el municipio y pidió cambiar el uso de cuatro parcelas, 56 hectáreas en total, de forestal a agrícola. Su propio estudio ambiental contó esos 370 árboles: chopos, fresnos, sauces y olmos, los típicos de un soto fluvial. Los ecologistas describen el área como un bosque y humedal estacional pegado a la Red Natura 2000. Calculan que ocupa más superficie que el parque Tierno Galván de Madrid.
La empresa, constituida en 1990 como sociedad limitada y que ha crecido como la espuma gracias al modelo de "snacks sanos", tiene otra versión: dice que esos terrenos fueron maizal, que después llegó una gravera y que, al cerrar, el suelo volvió a ser forestal. También sostiene que la Red Natura queda fuera de su finca. Los colectivos replican que los terrenos son colindantes o están parcialmente dentro.
Cultivo de moda. Ahora será la proteína, pero el pistacho todavía vive una fiebre comercial y este es el contexto a tener en cuenta, la demanda. España suma casi 90.000 hectáreas y Madrid, 1.341, un 8,8% más que el año anterior. Lo impulsó el chocolate de Dubái, ya lo contamos. En esta finca, las primeras 25 hectáreas plantadas en 2022 dieron, según la empresa, 5.000 kilos en verde. En las 56 nuevas espera 2.750 kilos por hectárea: unas 150 toneladas.
Cuatro años de choques. En marzo de 2022 comenzó todo, cuando la empresa plantó pistachos en el soto. En diciembre, la Comunidad le impuso una multa de 3.500 euros por decapar terreno forestal y eliminar vegetación para levantar el cercado. Esa valla cortó caminos que los vecinos consideran públicos. Según ellos, hoy son cinco.
Los colectivos después recriminaron que esa valla dejó fauna atrapada. PACMA, Ecologistas en Acción y ARBA protestaron contra la “valla de la muerte” y en agosto el SEPRONA recogió tres corzos muertos y el caso acabó en la Fiscalía de Medio Ambiente. El 23 de septiembre, PACMA y vecinos viajaron a Pozuelo de Alarcón y llenaron de carteles la fachada de la sede del grupo empresarial. La empresa asegura que abrió puertas e instaló rampas y puntos de agua, y que desde entonces ya no hay problemas. A esto, los vecinos respondieron que las rampas no funcionan y que aún hay animales atrapados.
El agua. El pistachero crece en regadío. De hecho, un apunte breve: el pistacho puede llegar a necesitar 7.000 m³/ha/año de agua. Depende de la variedad, pero no es raro que cada árbol se beba unos 12.000 litros por temporada hasta que la producción esté consolidada. Porque el pistacho tarda mucho en crecer y requiere paciencia (aunque ya estudian metodologías para acortar esa espera). A cambio, puede entregar 50 años de cosecha ininterrumpida.
Lo importante: la empresa pidió modificar su concesión para sacar del Jarama hasta 520.000 metros cúbicos al año, unas 200 piscinas olímpicas. Resultado: en 2024, la Confederación Hidrográfica del Tajo impuso una multa de 212.149 euros. La pagó el Ayuntamiento, no la empresa: permitió que Sancorganic regara con un pozo municipal sin autorización. El alcalde responde que el asunto está en los tribunales y que toca esperar.
Luz verde (no tan verde). En febrero, la Consejería de Medio Ambiente firmó un informe de impacto ambiental favorable. Fue un trámite simplificado, no el ordinario, que reduce la participación pública.
Y aunque en 2023, Biodiversidad exigía no eliminar el arbolado, la empresa ha eludido la exigencia. Como compensación, la empresa reforestará unas 125 hectáreas en Fuentidueña de Tajo, a nada más y nada menos que 80 kilómetros de distancia. Los colectivos consideran esto insuficiente. El Ayuntamiento no solo no puso objeciones sino que aboga por el proyecto “profesional y ecológico” de Sancorganic.
Silillos. Pero el peor frente del Ayuntamiento lo tiene en la urbanización pegada a la finca. Allí todo empezó en 2022 con una permuta. Según los vecinos que se oponen, Sancorganic recibiría 140.000 metros cuadrados de zonas verdes urbanizables a cambio de 228.000 de suelo rústico. El 2 de octubre de 2022, unas 200 personas abarrotaron la asamblea y pidieron una votación vecinal vinculante. Un año después seguían reclamándola.
El 25 de septiembre de 2023, los vecinos denunciaron ante la Fiscalía al alcalde y al secretario. Les acusan de respaldar a la antigua Junta Rectora, con una defensa legal que consideran cuestionable y sin atender sus peticiones. Tres días después, el pleno municipal trató de disolver la entidad urbanística para convertir Silillos en un barrio más. Los afectados se enteraron con dos días de margen. Para ellos, tanta prisa solo busca tapar irregularidades.
Cuentas pendientes. La multa del pozo (212.149 euros) sigue pendiente de resolución judicial. La otra, por 2,58 hectáreas plantadas en zona de conservación prioritaria, también está pendiente. Somos Silillos dice que prefiere pactar a litigar. Y la empresa ya recogió este año sus primeros 4.000 kilos de producto.
En 2024, la Consejería recibió a la asociación y le dijo que los caminos cortados y las zonas verdes ocupadas son cosa del Ayuntamiento. El Ayuntamiento, por su parte, defendió que la CHT y Vías Pecuarias avalaban la valla. Al alcalde le preguntan los medios y respondió que andaba “con mucho trabajo”. Tres años después, no se sabe quién ejecutó la permuta ni si las quejas detendrán la deforestación.
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